Por: Enrique Legoreta
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La organización defensora de los
derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), hizo declaraciones
contundentes tras las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de
Gobernación (Segob) que anunciaron que se dará a conocer una base de
datos de personas desaparecidas en México.
Con base en estas declaraciones
públicas, la lista contiene ya más de 27 mil casos, “un número
escalofriante, personas que han sido sustraídas de sus familias o cuyo
paradero es desconocido”.
AI consideró inaceptable que las
autoridades no hayan tomado medidas eficaces para prevenir, esclarecer o
sancionar estos crímenes.
Se recordó que hasta el momento no se ha
indicado cuántos podrían ser casos de desaparición forzada, es decir,
desapariciones cometidas con la participación directa o indirecta de
funcionarios públicos.
Asimismo se reconoció que se trata de un
avance en la información que las autoridades mexicanas están
recopilando y haciendo pública para que sea posible dimensionar la
magnitud de este problema, el cual fue tolerado e ignorado por el
gobierno federal y los gobiernos estatales durante la pasada
administración.
Sin embargo, la organización exhortó a
las autoridades a especificar las medidas que tomará para que la base de
datos sea un mecanismo eficaz para investigar las circunstancias de las
desapariciones, establecer el paradero de las víctimas y llevar a los
responsables ante la justicia.
AI consideró fundamental que las
investigaciones sean imparciales e exhaustivas y que permitan determinar
en qué desapariciones participaron agentes de las fuerzas armadas y
policiales.
De igual manera, AI afirmó que es
esencial que las autoridades aseguren la participación activa de las
organizaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones de
derechos humanos en el diseño e implementación de las medidas
preventivas y las investigaciones para así garantizar su eficacia.
Además debe asegurarse que estas organizaciones puedan participar en el
proceso de identificación de cuerpos en fosas comunes y morgues.
“Durante los últimos seis años los
familiares de las víctimas han sido ignorados y hasta criminalizados por
sus esfuerzos para obtener la verdad y justicia. El gobierno ha dicho
que va a actuar pero esto deberá traducirse en una transformación total
en la atención del Estado hacia las víctimas y sus familiares”, aseguró
Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.
Agregó que “recopilar y transparentar la
información es un paso fundamental, pero valdrá de poco a las familias
de las víctimas en tanto no se realicen investigaciones efectivas para
revelar el paradero de las víctimas y llevar ante la justicia a los
responsables de estos hechos”.
La afirmación pública sobre una base de
datos que documenta más de 27 mil casos de desapariciones, ocurrió en la
víspera de la presentación del informe de Human Rigths Watch (HRW)
“México: Crisis de desapariciones forzadas” mediante el cual se puso en
evidencia lo extendido de estos graves abusos y la amplia participación
de agentes del Estado.
Recordó que AI escribió a Enrique Peña
Nieto durante sus primeros días en la presidencia para resaltar las
acciones urgentes que se requieren para atender la grave situación de
derechos humanos, en especial los casos de desapariciones.
Durante los últimos años, Amnistía
Internacional ha continuado documentando esta alarmante situación y
coincide con las conclusiones presentadas por HRW.
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